Existen principios que, como la vida y la maternidad, carecen de operatividad, razón por la que, tomados como objetivos, tales principios adquieren en ese trueque la rara “virtud” de ser paralizantes.
Después se aplican a las mujeres asegurando así la reproducción, no de la especie, pero sí de un sistema social que se asienta fundamentalmente en la desigualdad entre mujeres y hombres, pero también entre los individuos y grupos. En el tramo final se acaba por legitimar esa desigualdad que, por repetición, se convierte en “natural”. Ciertamente es una estrategia conocida y, a juzgar por sus resultados, bastante efectiva.
Otra opción consiste en el respeto al Estado de Derecho en el que una función básica es la de acudir a atemperar el conflicto que pueda producirse entre dos derechos, igualmente dignos de tener en cuenta, como son en este caso la libertad de la mujer y la esperanza de vida, que no la vida, de un embrión humano. Y atemperar ese conflicto significa regularlo y ponerle límites razonables, que es en lo que consiste la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Ser madre ha de ser una decisión personalísima y de las más importantes en la vida de una mujer. Pero de ningún modo debe poder convertirse en castigo. ¡Seamos bien nacidos!
Pero como todo es susceptible de empeorar, el actual intento de regular racionalmente el aborto ha puesto al descubierto la cara más irracional de nuestra sociedad.
Hace la friolera de 17 años escribía yo comentando un artículo de Luis Rojas Marco –a la sazón psiquiatra y comisario de Salud Mental de Nueva York- publicado en “El País” (20-07-92) a propósito del dictamen emitido por el Tribunal Supremo de EE.UU. reafirmando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Decía así mi comentario:
“El citado dictamen señala que tal derecho es un ingrediente de la libertad al que no se puede renunciar, máxime cuando en este caso la libertad de la mujer está en juego de una forma inigualable en la condición humana (…) la capacidad de controlar sus vidas reproductivas es esencial para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones, en la vida económica y social.
Rojas Marco resalta la sensibilidad y sencillez del alto tribunal, su empatía que define como la capacidad de los altos magistrados para ponerse en el lugar de la mujer, de ubicarse con afecto y comprensión en su difícil encrucijada histórica. Y añade que al expresar su solidaridad y respeto por la calidad de vida de la mujer los magistrados han demostrado que estas cuestiones no se pueden resolver sólo con leyes, hace falta sobre todo que se resuelvan en los corazones y las mentes de mujeres y varones”. Hasta aquí mi propia cita.
Pues bien, 17 años después está claro que nuestra sociedad no sólo no cuenta con esas magistraturas, sino que algunas de nuestras altas instituciones muestran una incapacidad enfermiza a la hora de resolver estas cuestiones. De tal manera que, a diferencia, no de la extrema izquierda ni del feminismo radical, sino de una institución tan poco sospechosa como el Tribunal Supremo de EE.UU., en esta ocasión, y en nuestro país, se ha llegado a la pérdida de todo el control que sería exigible.
En primer lugar, cuando dicen que “el aborto es peor que el abuso sexual de niñas y niños” están expresando el miedo a perder el control de la sexualidad femenina, pero a la vez se intenta rebajar el espanto que debe producir un crimen como la pederastia, que es uno de los mayores atentados a los Derechos Humanos y, por si fuera poco, tiene consecuencias y sufrimientos de todo orden y para toda la vida. En la misma línea está la siguiente reflexión: “cuando se banaliza el sexo, como ocurre hoy, no tiene sentido seguir considerando la violación como delito penal”.
Es un ataque tan brutal a la propia dignidad de quien lo pronuncia que produce amargura y duele escucharlo, máxime cuando se hace en representación de importantes instituciones. Pero, además, el análisis es sobrecogedor, porque nos retrotrae a la Edad Media.
Efectivamente, se trata de un pensamiento que se corresponde con la idea de que la mujer y su descendencia eran agentes patrimoniales del varón, que era quien tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte de los mismos. Un pensamiento que desde hace al menos 3 siglos parecía superado.
Pero además, quienes así se manifiestan representan instituciones que, en un sistema democrático, deberían ser dignas de respeto y sin embargo pueden llegar a perderlo. Ello supone un retroceso en la recuperación de valores cívicos, de intereses pacifistas, de rearme moral. No es por azar que esos retrocesos coincidan con el auge de las guerras o la corrupción y la degradación de la “res pública”.
Y digo que tan altas instituciones pueden no ser dignas de nuestro respeto porque son demasiados quienes padecen abusos en la infancia y demasiadas las mujeres que sufren y mueren a causa de parecidos patrones de conducta. Y es que quizá, si lo pensamos bien, estamos ante actos de apología del delito.
